El pasado viernes 17 de febrero de 2023 fue un día triste para la UE. Alemania decidió ratificar un tratado que rompe la ilusión de tener un día un derecho de patentes de la Unión. Ratifica la decisión de aceptar un tribunal promovido por determinados lobbies. Un tribunal especial que hurta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) toda facultad de juzgar sobre el derecho de patentes y a los altos tribunales de los países firmantes de conocer sobre un derecho que afecta a todos sus ciudadanos.
La Comisión no ha planteado nunca la armonización del derecho de patentes de los Estados miembros en sus elementos más sustantivos: nacimiento del derecho y titularidad, requisitos de patentabilidad, alcance de protección, actos de infracción o excepciones. A diferencia del derecho de marcas o de diseños, no ha habido unas reglas comunes que permitieran al TJUE interpretar un derecho tan importante para la economía y para el mercado.
En lugar de ello, la Comisión ha renunciado a regular el derecho de patentes, promoviendo la consumación de un sistema que hará más difícil, cuando no imposible, dar pasos adelante en la creación de un derecho de patente de la Unión Europea.
En todo ello ha tenido gran parte de responsabilidad la existencia de un organismo regional de concesión de patentes en Europa que no está sometido a la Unión Europea y que es un lobby en sí mismo. Que su responsabilidad política se consume en la propia concesión de patentes y que su éxito se mide en el número de patentes y los beneficios que reporta cada año. Situado en un Estado miembro de la Unión Europea, pugna con la Unión en hacerse con el control del sistema de patentes sin estar sometido a una responsabilidad sobre la economía y el mercado de los Estados miembros.
Por primera vez se crea un tribunal internacional para los miembros de la Unión Europea que no es europeo. Cuyos jueces no estarán sometidos al escrutinio de un sistema de control del poder judicial democrático. Cuyas decisiones no serán recurribles en última instancia a la cúspide del sistema judicial de los Estados o de la Unión. Sobre el cual los órganos de la Unión no tendrán autoridad y que se verán expuestos a las presiones de los respectivos lobbies, entre ellos el de la oficina no unitaria que concede los derechos que afectan a todos los ciudadanos de la Unión, que tensa las políticas unitarias y que no hace caso de cuanto concluya la Comisión o el Parlamento Europeo.
Ese tribunal nace débil: tenderá a confirmar las opiniones de la Oficina Europea de Patentes, que tampoco se somete a la autoridad de tribunales de la Unión Europea, nacionales o comunitarios. Se verá influenciado por sus clientes, quienes interpongan acciones judiciales ante ellos, y no recaerá sobre él el peso de integrar el sistema de patentes en un derecho más amplio, sobre la competencia en el mercado, la regulación respecto de la necesidad de cubrir las necesidades de los ciudadanos, la convivencia con los derechos de los consumidores, usuarios y pacientes, la sensibilidad frente al derecho de la competencia desleal o los derechos básicos civiles de todos los ciudadanos de un Estado. Porque su único cometido será conocer de las patentes, su validez e infracción.
Se crea un nuevo derecho, uno más, que interferirá en el correcto funcionamiento del mercado. Un derecho cuyo nacimiento se ha visto influenciado enormemente por determinados intereses que no pasan por la creación de un derecho de la Unión Europea ni un mercado único.
Ese fue un día triste para la construcción de un sistema económico democrático y europeo sometido a la voluntad soberana de los ciudadanos de la Unión. Ciertos Estados, entre ellos los fundadores de la propia UE, han decidido terminar con la ilusión del ideal europeo en una materia enormemente sensible en la raíz del propio sistema económico.