El pasado 25 de noviembre, la UE publicaba su ‘IP Action Plan’. Un programa de grandes objetivos para la Unión. Para los próximos años. La ‘Hoja de ruta’ publicada el pasado 10 de julio, abría un período de consulta pública de menos de dos meses, hasta el 31 de agosto (período de vacaciones allá donde los haya y en plena pandemia) con la siguiente premisa “la UE necesita proteger y gestionar mejor la PI si quiere asumir el liderazgo en ámbitos industriales clave y mejorar la resistencia a las crisis sanitarias y económicas, al tiempo que avanza hacia una economía más ecológica y digital”.
La publicación de este ‘IP Action Plan’ se produce apenas un año después del nombramiento de Ursula von der Leyen como Presidenta de la Comisión. Por aquel entonces, la Unión Europea vivía unos tiempos que han cambiado dramáticamente en doce meses.
El programa de la Comisión, en lo que parece una adaptación formal a las necesidades actuales, pero con un sabor a tiempos pre-COVID, se desarrolla en los siguientes puntos:
- El desafío que tenemos por delante: capitalizar los activos intelectuales de Europa para impulsar la recuperación y la resiliencia
- Mejor protección de la PI
- Promover un uso y un despliegue eficaces de la PI, en particular por las PYMEs
- Acceso más fácil a los activos protegidos por la PI y su intercambio
- Lucha contra las infracciones de los derechos de PI
- Fair play a nivel mundial
- Colaboración con los Estados Miembros y las partes interesadas
En su introducción, señala la Comisión que “[l]os activos intangibles como las invenciones, las creaciones artísticas y culturales, las marcas, el software, el know-how, los procesos comerciales y los datos son las piedras angulares de la economía actua”. Bajo ese punto de partida, sentencia en su introducción la Comisión que “existe la necesidad de seguir reforzando nuestras fortalezas mediante la mejora del marco de la UE, donde sea necesario, y el establecimiento de políticas de PI bien calibradas para ayudar a las empresas a capitalizar sus invenciones y creaciones, al tiempo que se garantiza que las invenciones y creaciones están al servicio de la economía y la sociedad en genera” y que “por lo tanto, es necesario maximizar los incentivos para sacar a la luz este potencial y poner a nuestras empresas en el camino hacia la recuperación económica y el liderazgo ecológico y digital de Europa a nivel mundial”. Bajo esas premisas, profundiza la Comisión en aquello que, en su opinión, resultaría preciso avanzar en materia de IP en el seno de la unión Europea, identificando 5 retos:
- Parte del sistema de PI de la UE sigue estando demasiado fragmentado, con procedimientos complejos y costosos y que a veces carecen de claridad: descubre la Comisión que “los procedimientos de ventanilla única, que ofrezcan la cobertura adecuada, deberían ser la norma y no la excepción”. Es cuestionable que esa afirmación reduccionista del problema responda al enunciado.
- Demasiadas empresas, en particular las PYMEs, y demasiados investigadores no aprovechan plenamente las oportunidades que ofrece la protección de la PI: “[i]ncluso si utilizan los DPI, consideran que el sistema es demasiado costoso, complejo y difícil de manejar”. Una vez más en la política industrial, parece que la Comisión hace uso de las pequeñas y medianas empresas para hacer postulados que no benefician precisamente a esas empresas, como iremos desgranando en las próximas semanas.
- Los instrumentos para facilitar el acceso a la PI (y, por consiguiente, permitir la adopción y difusión de tecnologías) están insuficientemente desarrollados: “[l]a UE debería seguir mejorando sus instrumentos para que esas innovaciones y tecnologías estén disponibles, siempre que sea necesario, garantizando al mismo tiempo un rendimiento justo de la inversión”. Como veremos, esta afirmación se queda en la preocupación por las patentes sobre estándares esenciales (SEPs).
- A pesar de los continuos esfuerzos por cambiar el rumbo, la falsificación y la piratería continúan creciendo, incluso aprovechando las tecnologías digitales: la Comisión fija su atención en la infracción de la IP a través de las nuevas tecnologías, señalando el crecimiento de las infracciones en este ámbito y el coste que ello supone. Esperemos que ello no resulte en un intento de poner puertas al campo y tratar de impedir la evolución natural de un sector en expansión con el subsiguiente coste industrial que ello conlleva, y en su lugar se afronten los retos adaptándose a una realidad tecnológica en la que está el futuro de las nuevas generaciones.
- No existe fair play a nivel mundial y las empresas de la UE pierden a menudo cuando operan en el extranjero: “La UE debe aprovechar su potencial para actuar como organismo normativo mundial”. Esta afirmación recuerda más una posición propia de mediados de los años 90 y no de un mundo que ha cambiado radicalmente en 25 años. No se trata de diseñar la era post TRIPs, sino los tiempos post-COVID.
Esas ideas programáticas se concentran en cinco proyectos normativos, con sus respectivas fechas de implementación:
- El primer proyecto es sobre un derecho no comunitario que se asienta en otro derecho no comunitario: “necesitamos asegurar el lanzamiento del sistema de patente unitaria” (2021).
- El segundo plan programático afecta a los certificados complementarios de protección (CCPs): “mientras que el sistema de CCPs sigue siendo relevante, sufre de una aplicación fragmentada en los Estados Miembros” (Q1 2022).
- En tercer lugar, la Comisión anuncia que revisará la legislación de la UE sobre protección de diseños: “[e]l objetivo es mejorar la accesibilidad y accesibilidad económica de la protección de los diseños en la UE” (Q4 2021).
- Una cuarta área de atención es la protección de las indicaciones geográficas (IGs): “la Comisión estudiará la manera de reforzar, modernizar, perfeccionar y hacer cumplir mejor las indicaciones geográficas de los productos agrícolas, los alimentos, los vinos y las bebidas espirituosas” (Q4 2021).
- Por último, el Plan centra su atención en el sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales (CPVR): si bien solo apunta que “seguirá supervisando la correcta aplicación del sistema y procurará introducir nuevas mejoras, cuando sea necesario” (Q4 2022).
Además de estas áreas de actuación legislativa, la Comisión establece dos aspectos sobre los que centrará sus esfuerzos:
- Para facilitar la concesión de licencias y el intercambio de PI, la Comisión:
- garantizará la disponibilidad de la PI esencial en tiempos de crisis, incluso mediante nuevos instrumentos de concesión de licencias y un sistema para coordinar la concesión de licencias obligatorias (2021-22);
- mejorará la transparencia y la previsibilidad en la concesión de licencias SEP mediante el fomento de iniciativas dirigidas por la industria, en los sectores más afectados, combinadas con posibles reformas, incluida la reglamentación si y donde fuera necesario, con el fin de aclarar y mejorar el marco de los SEP y ofrecer instrumentos de transparencia eficaces (Q1 2022); y
- promoverá el acceso y el intercambio de datos, salvaguardando al mismo tiempo los intereses legítimos, mediante la aclaración de ciertas disposiciones clave de la Directiva sobre secretos comerciales y una revisión de la Directiva sobre bases de datos (Q3 2021).
- Para luchar contra las infracciones de los DPI, la Comisión:
- aclarará y mejorará las responsabilidades de los servicios digitales, en particular las plataformas online, a través de la Ley de Servicios Digitales (Q4 2020);
- reforzará el papel de la OLAF en la lucha contra la falsificación y la piratería (2022); y
- establecerá un paquete de medidas de la UE contra la falsificación que establezca principios para la acción conjunta, la cooperación y el intercambio de datos entre los titulares de derechos, los intermediarios y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (Q2 2022).
En definitiva, un ambicioso programa, en el que quizá se ponen demasiadas esperanzas. Falta por ver si se adapta a la realidad de las necesidades actuales de la UE y si responde a las expectativas que en ellos se ha puesto. Quizás peque de ambicioso y falte en él una estructura sistemática en el contexto del derecho de mercado y de protección de los consumidores, principios estos a los que, en último término, deben servir, no lo olvidemos, la propiedad industrial e intelectual.
El ‘IP Action Plan’ de la Comisión viene acompañado de toda una serie de estudios y análisis que deben ser objeto de un análisis detenido y sosegado. En las próximas profundizaremos en cada uno de estos aspectos.